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Redacción
Toluca, Méx. – El Congreso mexiquense aprobó, con el respaldo de las bancadas de Morena, PVEM, PT y MC, y el rechazo de PRI, PAN y PRD, la minuta de reforma a la Constitución nacional enviada por el Congreso de la Unión. La iniciativa busca ajustar la integración y el funcionamiento de ayuntamientos y congresos locales, así como establecer límites presupuestarios a las remuneraciones de funcionarios electorales.
Se destaca que la minuta, derivada de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo e identificada como el ‘Plan B’ de la reforma electoral, tiene como objetivo fortalecer los principios de austeridad republicana, reducir privilegios en el ejercicio del poder público y reforzar mecanismos de control democrático.
Este documento, leído en sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense por el diputado Vladimir Hernández Villegas (morena), quien destacó que el principio de austeridad se impulsó desde la primera bancada de morena en el Congreso estatal en 2015 (LIX Legislatura) y que esta demanda del pueblo mexiquensese está haciendo realidad, modifica el artículo 115 para precisar que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por una persona presidenta municipal, una sindicatura y hasta 15regidurías, de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en el acceso, integración y ejercicio del poder público municipal.
Sobre el artículo 116, señala que las constituciones estatales deberán establecer que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de cada entidad federativa, además de garantizar los principios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género en la integración y funcionamiento de los órganos legislativos locales.
Sobre el artículo 134, establece que las remuneraciones de las personas consejeras electorales, las magistradas y magistrados electorales, titulares de las secretarías de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas, no excederán el límite establecido en el artículo 127 de la Constitución nacional.
Cabe señalar que dicho artículo establece que las personas servidoras públicas recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por su trabajo y que ninguna o ningún funcionario puede ganar más que la o el presidente de la República (remuneración ordinaria total líquida mensual neta de 134 mil 290 pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026).
Tampoco podrán adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.
La minuta prevé disposiciones transitorias para la implementación progresiva de dichas medidas, así como la reasignación de los recursos públicos generados por los ahorros hacia fines de interés social.
En la deliberación de la minuta, el diputado Octavio Martínez Vargas (morena) destacó sus alcances en materia de austeridad y afirmó que, en ningún momento, el movimiento político del que forma parte prescindirá de consolidar el ‘Plan A’ de la presidenta Claudia Sheinbaum, y se pronunció a favor de discutir las iniciativas en materia electoral que sean presentadas, a efecto de enriquecer la democracia.
Recordó que el Congreso mexiquense tiene el 0.56 por ciento del presupuesto estatal, además de que destacó el tope de remuneración de personas servidoras públicas electorales y que habrá ahorros en el Senado de la República.
Explicó la legisladora Miriam Silva Mata (PVEM) que permite avanzar en una discusión necesaria sobre la forma en que se estructura la representación política, la manera en que las instituciones electorales cumplen sus funciones y el uso eficiente de los recursos para sostener el sistema democrático. Agregó que la democracia exige instituciones sólidas, pero también funcionales, representativas y sostenibles, por lo que el reto, expuso, es avanzar hacia un modelo que garantice mejor representación, que funcione con mayor eficacia y que responda con responsabilidad al uso de los recursos públicos.
Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI) explicó que, de los 32 congresos locales, solo 12 superan el límite presupuestario, y que, de los 2,462 municipios del país, únicamente 56 cuentan con más de 15 regidurías. Calificó la reforma como centralista, argumentando que busca debilitar el federalismo y la autonomía municipal.
Criticó la ausencia de medidas para proteger las elecciones del crimen organizado y para corregir los niveles de sobrerrepresentación, los cuales, según indicó, distorsionan la voluntad popular y dan lugar a mayorías artificiales.
Tras destacar que en los proyectos abordados en la sesión deliberante se ha privilegiado el diálogo y están incluidas las aportaciones de su grupo parlamentario, el diputado Juan Manuel Zepeda Hernández, coordinador de la bancada de MC, indicó que es una reforma administrativa y que, en lo que corresponde a la reducción de los ayuntamientos y el gasto de los congresos locales, se ha avanzado con anticipación en el Estado de México. Se pronunció por combatir la presión o intervención del crimen organizado en el ámbito electoral, ampliar el umbral de personas jóvenes con derecho a votar a partir de los 16 años y empatar la elección de la persona gobernadora con los comicios legislativos.
El legislador Omar Ortega Álvarez, coordinador de la bancada del PRD, destacó que, para la democracia y la austeridad republicana, lo que se plantea son cosas efímeras, sin sentido y una simulación, porque en la entidad el límite son 12 regidurías y solo 11 municipios tienen dos sindicaturas, mientras que el resto tiene solo una, lo cual, añadió, se aprobó en la LX Legislatura, pero indicó que no ve que ese ahorro esté representado.
Asimismo, lamentó que la reforma no incluya aspectos acerca del financiamiento, sobrerrepresentación e intervención de la delincuencia organizada en las elecciones. Precisó que, en el caso del Estado de México, el Congreso t
