**El dictamen establece la activación inmediata de la Alerta Nacional de Búsqueda, así como la obligación de permitir el acceso a datos biométricos, registros administrativos y forenses, imágenes satelitales y otras tecnologías.
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Redacción
Toluca, Edoméx- Al reconocer que se tiene una gran deuda en temas como la desaparición y búsqueda de personas, las comisiones unidas de la LXII Legislatura mexiquense aprobaron una iniciativa para fortalecer la coordinación institucional en la materia, mediante mecanismos como la activación de alertas en la Plataforma Única de Identidad, así como el uso de datos biométricos, registros administrativos y forenses, imágenes satelitales y otras tecnologías.
Asimismo, integrantes de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia; de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición; y de Seguridad Pública y Tránsito del Congreso local, y representantes del gobierno estatal coincidieron en la relevancia de la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para fortalecer la búsqueda, localización, identificación y esclarecimiento de hechos relacionados con personas desaparecidas o no localizadas en la entidad.
En tanto las diputadas Jennifer Nathalie González López y Yesica Yanet Rojas Hernández, así como le diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández, de morena, coincidieron en que la iniciativa establece las obligaciones para estas situaciones, tanto de la Comisión Estatal de Búsqueda, como de todas las instituciones de seguridad pública, de salud, de la Fiscalía General de Justicia y de todos aquellos entes que puedan manejar información.
En tanto el parlamentario Octavio Martínez Vargas (morena) señaló que, aunque ya existen esfuerzos institucionales para atender la desaparición de personas, persisten vacíos graves que obligan a que las familias asuman la mayor parte de la búsqueda —rastrear cámaras, gestionar datos y presionar a autoridades—, por lo que planteó la necesidad de una reforma profunda a la Ley Orgánica de la Fiscalía estatal, la ratificación o nombramiento formal de una persona titular con plenas facultades en el área, así como la integración del Consejo Estatal Ciudadano con participación de colectivos de búsqueda.
Asimismo por el PT, el legislador Ernesto Santillán Ramírez resaltó que se fortalece la respuesta del Estado ante las desapariciones mediante una plataforma única de identidad con datos biométricos, el actuar de las fiscalías especializadas y de las comisiones de búsqueda, así como un mecanismo unificado. Además, subrayó la necesidad de sancionar a personas servidoras públicas que retrasen o nieguen denuncias, para evitar la revictimización.
La diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) expuso que, de acuerdo con estudios académicos, hasta mayo de 2024, Jalisco, Tamaulipas y el Estado de México concentraban el 48 por ciento de los casos de desaparición a nivel nacional; además, que el Estado de México ocupaba el primer lugar en desaparición de menores hasta junio de 2023, con el 21.4 por ciento, principalmente en varios municipios de la entidad.
Informó que existen tres iniciativas para fortalecer la atención a personas desaparecidas: el nombramiento formal de la persona titular de la Comisión de Búsqueda, la instalación del Consejo Estatal Ciudadano y la creación de un mecanismo estatal de coordinación entre autoridades.
La congresista Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN) expresó que la reforma fortalece la búsqueda inmediata, la identificación forense y el uso de tecnología para localizar a las víctimas; no obstante, subrayó que este uso debe tener controles estrictos, protección de datos, órganos de vigilancia y rendición de cuentas, por lo cual votó en contra del dictamen.
La parlamentaria Ruth Salinas Reyes (MC) resaltó la urgencia de atender el problema en los municipios más afectados, evitar la revictimización, abrir las comisiones a un trabajo colaborativo con los colectivos de búsqueda y establecer controles claros sobre el uso de datos biométricos para prevenir abusos.
En tanto Alma Patricia Bernal Oceguera, encargada del despacho de la Dirección General de la Comisión de Búsqueda de Personas de la entidad, y Javier de Jesús Domínguez, encargado del despacho de la Dirección General de Legislación y del Periódico Oficial Gaceta de Gobierno, coincidieron en que el objetivo es fortalecer a la Comisión de Búsqueda y a la Fiscalía, profesionalizar al personal y mejorar la coordinación interinstitucional, a fin de lograr procesos de búsqueda más rápidos, eficaces y con información unificada.
Se destaca que la iniciativa de reforma a las leyes en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares; Orgánica de la Administración Pública, y de Seguridad, así como el Código Civil, todos del ámbito estatal, también plantea la creación y difusión obligatoria de una ficha de búsqueda de alcance masivo y notificaciones al Registro Nacional de Población, con el objetivo de activar alertas en la Plataforma Única de Identidad sobre el uso de la Clave Única de Registro de Población de la persona desaparecida o no localizada.
Asimismo, garantiza que la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares cuente con recursos, estructura y unidades multidisciplinarias, bajo esquemas de coordinación entre la Federación, el estado y los municipios.
Asimismo, que las instituciones que generen o tengan acceso a imágenes o mediciones obtenidas mediante satélites, aeronaves no tripuladas u otras tecnologías permitan su consulta a las fiscalías y a las comisiones de búsqueda; además, promueve el fortalecimiento de los servicios periciales y forenses, garantizando su capacidad para atender solicitudes de análisis y admitir el acceso y la consulta de registros y bases de datos a las autoridades competentes.
En tanto, la fiscalía especializada contará con recursos humanos, financieros, materiales y técnicos suficientes, con un enfoque multidisciplinario y perspectiva de género, e incorporará unidades especializadas de investigación, análisis de contexto, atención y seguimiento a víctimas, búsqueda inmediata y de larga data, así como áreas especializadas en delitos cibernéticos.
