* Se busca contribuir al cumplimiento de los principios constitucionales de protección al medio ambiente y desarrollo sustentable, y de los compromisos internacionales asumidos por México en materia ambiental.
*El dictamen que conjuntó las iniciativas, presentadas por separado, de los diputados Israel Espíndola y Javier Cruz, de morena; y del Grupo Parlamentario del PVEM, coordinado por el parlamentario José Alberto Couttolenc; y de la congresista Alexia Dávila y el congresista Pablo Fernández de Cevallos, integrante y coordinador de la bancada del PAN.
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Redacción
Para cumplir con los principios constitucionales de protección al medio ambiente y desarrollo sustentable, así como con los compromisos internacionales asumidos por México en la materia, el Congreso del Estado de México aprobó penas de hasta 25 años de prisión para quienes cometan delitos como el abandono indebido de residuos, la disposición irregular de materiales contaminantes y otras conductas que deterioren los ecosistemas.
En sesión deliberativa, las y los legisladores avalaron el dictamen que unificó iniciativas presentadas por separado por los diputados Israel Espíndola López y Javier Cruz Jaramillo, de Morena; el Grupo Parlamentario del PVEM, encabezado por José Alberto Couttolenc Buentello; y la diputada Rocío Alexia Dávila Sánchez junto con el diputado Pablo Fernández de Cevallos, coordinador de la bancada del PAN.
“No se puede legislar con miedo cuando la tierra está siendo agredida, ni votar con indiferencia cuando el daño es visible, cotidiano y muchas veces irreversible.
Hoy este Congreso tiene la oportunidad y la obligación de mandar un mensaje claro: ‘En el Estado de México la destrucción ambiental no será costumbre ni tolerada, será sancionada’”, afirmó un legislador.
Además, instó a las secretarías del Agua, del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y del Campo, así como a la Comisión del Agua estatal, a elaborar un diagnóstico detallado sobre la contaminación del Río San Juan Acatitlán —también llamado Río Grande o Río de Acatitlán— que cruza Temascaltepec, Zacazonapan y Luvianos, hasta desembocar en Guerrero.
Al declarar que la impunidad ambiental terminó, Israel Espíndola consideró la reforma como una postura ética frente al futuro del Estado y un acto preventivo en favor de la vida.
