Tecámac, EdoMéx.-El Ayuntamiento dió a conocer su postura con relación a la ejecución de la sentencia ordenada por un juzgado sexto de distrito en materia penal.
Ahí señalaron autoridades municipales al respecto; que el día de hoy se dió un requerimiento de pago, mismo que formuló el juzgado 6to. de distrito en el Estado de México a este Ayuntamiento.
La sentencia impuesta a esta autoridad deriva de la compra presuntamente simulada de 900 equipos de cómputo por un monto superior a los 11 millones de pesos.
En la supuesta compra se cuenta con documentación de que fueron pagados dos millones de pesos durante el trienio 2006-2009 y de cuya existencia no se cuenta con pruebas, ni registros de entrada de dichos bienes al almacén municipal o de su posterior donacion, aún cuando aquella administración justificó el gasto como apoyos a distintas instituciones educativas.
Cabe destacar que esta mañana se realizó la ejecución de sentencia del juicio ordinario mercantil promovido por la empresa Mitsu S.A. De C.V. por un monto de 15 millones 863 mil 476 pesos.
Al efecto, el presidente municipal por ministerio de ley, Dr. Agustín Delgado Ochoa, estableció que por el estado procesal en que esta administración recibió el asunto, reconocío en el acto -como se ha hecho en otras diligencias- la obligación, sin embargo el Ayuntamiento no cuenta con recursos para liquidarla en el presupuesto 2021, por lo que una vez analizados los alcances financieros, será informado el Ayuntamiento para que en su caso autorice la propuesta de pago y se pueda convenir con la parte actora.
De igual manera la Contraloria Interna Municipal determinará conforme a sus facultades y atribuciones si subsisten responsabilidades atribuibles a los ex servidores públicos involucrados en este caso.
Es importante señalar que el Presidente Municipal por Ministerio de Ley, Agustín Delgado Ochoa fue requerido por el juzgado mediante citatorio, sin embargo sospechosamente se desconoce la razón o causa por la que algunos medios de comunicación estuvieron presentes, sin embargo en aras de no generar versiones distorsionadas de la información se atendió a los solicitantes de información, dada su naturaleza pública.