Por: Redacción.
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Ciudad de México.– La publicación de una extensa carta del expresidente Andrés Manuel López Obrador no sólo representa su reaparición política más importante desde que dejó la Presidencia de la República. También constituye una señal de que el obradorismo considera que la relación entre México y Estados Unidos ha entrado en una fase distinta: una etapa en la que los señalamientos de Washington contra figuras políticas mexicanas ya no son vistos únicamente como acciones de seguridad, sino como parte de una disputa con implicaciones políticas, diplomáticas y electorales.
El documento, difundido desde su residencia en Palenque, Chiapas, aparece en un contexto particularmente delicado.
En las últimas semanas, el departamento de estado de EUA colocado bajo escrutinio al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otros 9 funcionarios mexicanos presuntamente relacionados con estructuras del Cártel de Sinaloa.
Por el bien de todos, que regrese el otro Trump.https://t.co/BHQVEInscT pic.twitter.com/U2T2se3X7G
— Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 4, 2026
Aunque hasta ahora no se han hecho públicos expedientes judiciales concluyentes ni acusaciones penales formales contra Rocha Moya, la sola existencia de investigaciones por parte de agencias estadounidenses y la corte del distrito sur de Brooklyn han sido suficientes para elevar la tensión política entre ambos países, incluso la publicación de la ficha roja de interpol en contra de Rocha Moya y la entrega de Marco Antonio Almanza ex comisario de la policía de investigación de Sinaloa, Enrique Díaz Vega secretario de finanzas y Gerardo Mérida Sánchez ex secretario de seguridad pública en el gobierno de Rocha Moya, ponen en la mesa una estrategia jurídica para iniciar un caso enorme, en contra de diversos actores políticos de Morena.
En paralelo, la publicacion de The Angeles Post reportó que otros mandatarios estatales, entre ellos Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, también estarían bajo observación de autoridades estadounidenses, mismas que hasta el momento, en procedimientos públicos o sanciones definitivas no han tenido acciones definitivas aunque la advertencia del retiro de sus visas parece inminente. Sin embargo, el mensaje político ya fue enviado.
El cambio de tono de Washington
Lo que López Obrador plantea en su carta es, en el fondo, una interrogante sobre el viraje de Donald Trump.
El expresidente mexicano recuerda una relación marcada por acuerdos pragmáticos y una comunicación directa con el mandatario republicano durante el periodo 2018-2024. Destaca episodios como la negociación para evitar una guerra arancelaria, la firma del T-MEC, la cooperación durante la pandemia de Covid-19 y la negativa inicial de Trump a catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
La tesis de López Obrador es que el Trump actual parece operar bajo una lógica distinta.
Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense ha endurecido significativamente su discurso sobre México. La crisis del fentanilo, el aumento de la migración irregular y las presiones de sectores conservadores dentro del Partido Republicano han colocado a la relación bilateral bajo una óptica predominantemente securitaria.
En ese marco, la designación de grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras no es una medida menor. Para Washington representa una herramienta jurídica para ampliar capacidades de investigación, persecución financiera y cooperación internacional.
Para amplios sectores del gobierno mexicano, en cambio, abre la puerta a interpretaciones que podrían justificar acciones extraterritoriales bajo el argumento de la seguridad nacional estadounidense.
Es precisamente ahí donde se ubica el núcleo de la preocupación expresada tanto por Sheinbaum como por López Obrador.
La soberanía como eje de la respuesta mexicana
Durante el acto celebrado el domingo pasado para conmemorar el segundo aniversario de su triunfo electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió un mensaje cuidadosamente calibrado.
Por un lado, evitó una confrontación abierta con Trump y reiteró la disposición de México para cooperar en el combate al narcotráfico y la migración.Por otro, sostuvo que la cooperación no puede convertirse en subordinación.
La insistencia de la mandataria en el concepto de soberanía responde a una preocupación histórica del Estado mexicano: que investigaciones, sanciones o acusaciones emitidas desde Washington terminen influyendo directamente en la vida política interna del país.
No es un debate nuevo desde los años ochenta, distintos gobiernos mexicanos han cuestionado el alcance de las operaciones de agencias estadounidenses en territorio nacional.
Lo novedoso en esta coyuntura es que las sospechas parecen dirigirse ya no sólo contra organizaciones criminales, sino también contra actores políticos con poder territorial y capacidad de movilización electoral.
En otras palabras, el conflicto se desplaza de la esfera estrictamente criminal a la esfera de la gobernabilidad.
El caso Rocha y el precedente que inquieta al oficialismo.
Más allá de la situación particular del gobernador de Sinaloa, el verdadero impacto político radica en el precedente.
Si Estados Unidos consolida una estrategia consistente en señalar públicamente a gobernadores, funcionarios o figuras relevantes de Morena bajo sospechas de vínculos con el crimen organizado, el efecto podría alterar el equilibrio político interno mexicano incluso sin necesidad de presentar acusaciones penales.
La experiencia latinoamericana demuestra que, en muchos casos, la sanción política precede a la judicial.
Por ello, dentro del oficialismo existe la percepción de que las filtraciones y los señalamientos pueden convertirse en instrumentos de presión con consecuencias electorales y de gobernabilidad.
Los críticos del gobierno mexicano, por el contrario, argumentan que la cooperación internacional contra el crimen organizado exige investigar cualquier posible vínculo entre autoridades y grupos criminales, independientemente de las implicaciones políticas.
La discusión, por tanto, no gira únicamente en torno a la existencia o inexistencia de pruebas, sino sobre quién las presenta, bajo qué procedimientos y con qué efectos políticos.
El retorno de López Obrador
La carta también revela algo que durante meses parecía improbable: López Obrador ha decidido volver a ocupar un espacio en el debate público.
Aunque no anuncia un regreso formal a la actividad política cotidiana, sí asume una posición clara como referente moral y político del movimiento gobernante.
Resulta significativo que su reaparición ocurra precisamente en un tema relacionado con la soberanía nacional.y es que desde el final de su sexenio, el exmandatario había dejado entrever que sólo volvería a intervenir públicamente ante situaciones que considerara excepcionales para el país. La posibilidad de una presión extranjera sobre instituciones mexicanas encaja exactamente en ese supuesto.
Su mensaje busca fortalecer políticamente a Sheinbaum, pero también enviar una señal hacia Washington: cualquier intento de condicionar la política interna mexicana encontrará una respuesta articulada no sólo desde el gobierno federal, sino desde el conjunto del movimiento que llegó al poder en 2018.
Entre la cooperación y la confrontación
La paradoja para ambos gobiernos es evidente.
México y Estados Unidos necesitan cooperar más que nunca en materia de seguridad. El tráfico de fentanilo, el lavado de dinero, el tráfico de armas y la migración irregular son fenómenos transnacionales imposibles de resolver unilateralmente.
Sin embargo, esa misma interdependencia genera tensiones cuando una de las partes percibe que la otra busca influir en sus decisiones políticas internas.
Por ahora, ni la Casa Blanca ni el gobierno mexicano parecen interesados en una ruptura abierta. pero los señalamientos contra gobernadores mexicanos, la insistencia estadounidense en vincular la crisis del fentanilo con estructuras políticas locales y la respuesta nacionalista que comienza a articularse desde el obradorismo sugieren que la relación bilateral podría entrar en una fase de creciente fricción.
La carta de López Obrador no anuncia una crisis diplomática. Tampoco constituye una ruptura con Trump. Más bien revela algo distinto: la convicción, dentro del movimiento gobernante, de que la disputa ya no se libra únicamente en los terrenos de la seguridad o el comercio, sino también en el de la legitimidad política y la defensa de la soberanía.
Y es precisamente en ese terreno donde el expresidente ha decidido volver a hacerse presente.
