EdoMéx.-Cerca de la mitad de las mujeres que se ven privadas de libertad en México lo están por delitos contra la salud pública al tener una cantidad de drogas un poco mayor que la permitida legalmente. Muchas de ellas es la primera vez que delinquen al tiempo que han sufrido abusos. Una organización feminista lucha por ayudarlas y que sean tratadas de acuerdo con las normas internacionales.
EQUIS Justicia para las Mujeres es una organización feminista que contribuye al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en México mediante estrategias de acceso a la justicia, incidencia en propuestas de políticas públicas y el fortalecimiento de liderazgos para alcanzar la justicia social.
Esta organización lleva desde 2014 enfocándose en un tema novedoso a nivel internacional y en México: la situación de las mujeres encarceladas por delitos de drogas.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) en México, señala que el 41% de las mujeres detenidas por la Marina fueron violadas, y el 21% de las detenidas por el Ejército también.
El 48% de todas ellas declararon haber sido torturadas y el 48,8% sufrió alguna agresión física antes de llegar ante el Ministerio Público, lugar en dónde se realizan las denuncias o llevan a las personas detenidas. Los estados con mayor tortura son: Michoacán Colima, el Estado de México, y Aguascalientes.
Esta misma encuesta también arrojó que el 34% de las personas han declarado haber sido agredidas por los custodios. Mientras que al 58% no se les informó del motivo de su detención y al 65% no se les informó sobre sus derechos todo lo cual provoca indefensión.
Además, en el 68% de los casos las autoridades no mostraron su placa. Este análisis finalmente arrojó que el 43,9% de las personas privadas de su libertad pudieron haber sido acusadas falsamente o haber sido implicadas en algún delito, y sin embargo el 10,4% no ha podido comprobar su inocencia.
En 2015, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos actualizó las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos; éstas contienen directrices importantes en la gestión penitenciaria, incluyendo una prohibición absoluta de la tortura y los tratos inhumanos, así como claras restricciones en el uso del confinamiento solitario y registros intrusivos.
De acuerdo a las Directrices para el tratamiento de mujeres condenadas a penas privativas de la libertad, no privativas de la libertad y medidas para mujeres delincuentes, a las internas que reporten abusos se les deberá proveer protección y apoyo inmediato y su denuncia debe investigarse por una autoridad competente e independiente, con total respeto al principio de confidencialidad.
Las medidas de protección deben tomar en cuenta específicamente los riesgos de represalias de la persona responsable de los abusos.
Por otro lado, las internas que queden embarazadas como resultado de abuso sexual deberían recibir un apropiado asesoramiento y consejo médico, además de proveerles apoyo y tratamiento para su salud, como ayuda legal.
Este reglamento también especifica que, al momento del registro de las reclusas, se deben aplicar las medidas eficaces para garantizar que la dignidad de las mujeres esté protegida durante los registros personales, y estas deben ser llevadas por personal penitenciario femenino que estén capacitadas para ello.
Teniendo en cuenta el alto número de mujeres que son detenidas por delitos menores relacionados con drogas, en este reglamento se especifica que, al determinar la condena, los juzgados deberían tener el poder de considerar la mitigación de la condena de las mujeres que han cometido este tipo de delitos.
También dice que se debería promover la sensibilidad al género mediante el acceso de las mujeres a programas de tratamiento para abuso de sustancias en la comunidad para prevenir el delito, así como también la diversidad y alternativas a los propósitos de la condena.
De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC) los índices de reincidencia siguen siendo muy altos entre ciertos grupos de delincuentes. Aunque no cuenta con las estadísticas globales, los datos de países individuales arrojan altos índices de reincidencia, alcanzando un 70% o más.
La UNODC señala que los sistemas de justicia penal deben diseñar y realizar intervenciones y programas de reintegración social eficaz para evitar la reincidencia y para detener el ciclo de integración social fallida.
Aunado a esto EQUIS estudió, analizó, y propuso políticas necesarias para que se cumplan con los derechos de las personas al ser detenidas. Comenzaron a trabajar con mujeres que ya habían salido de la cárcel, creando una red y formado organizaciones que están luchando por sus derechos, como el caso de: Mujeres Unidas por la libertad, Lebusol, Mujeres libres México, y Artículo 20.
Y es que el proceso por el que pasan las mujeres una vez que logran recuperar su libertad. El primer y principal problema con el que se enfrentan, es que salen por la madrugada y sin documentos oficiales que les acrediten su ciudadanía.
Por ello, EQUIS realizó un mecanismo de justicia social para liberar a las personas que estaban siendo privadas de su libertad injustamente por la política de seguridad fallida, un mecanismo de reinserción social, y una política de drogas basadas en el derecho a la salud.
De acuerdo con estos estudios y trabajo, se ha detectado que las principales dificultades con las que se enfrentan las mujeres son volver a tener un vínculo con la sociedad, el acceso ágil a una oferta laboral, y su salud mental, pero por lo general no cuentan con los recursos económicos para atenderse o simplemente no tienen las fuerzas.
Además de que se necesitan buenos planes y crear políticas públicas para que las personas puedan reiniciar su vida. Una podría ser que tengan su identificación oficial (INE) al salir, y otra podría ser la generación de bolsas de trabajo, México no tiene políticas públicas de reinserción social, lo más cercano es el Instituto de Reinserción Social en la Ciudad de México, que está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
