**Afirma el diputado local Gerardo Ulloa que es indispensable evitar que funcionarios sean omisos y actúen de mala fe
Toluca, Méx..- Se dio a conocer que la Legislatura local aprobó por unanimidad, aumentar las multas para los servidores públicos que se nieguen a entregar información al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México para la realización de auditorías e investigaciones sobre el manejo de recursos públicos.
Este proyecto fue presentado por el diputado Gerardo Ulloa Pérez, el cual considera diversas reformas a la Ley de Fiscalización Superior, y fortalecer las medidas de apremio, para una mejor regulación ante los requerimientos de información, que son esenciales para la fiscalización, rendición y evaluación de manera oportuna.
Destacó el legislador que “es indispensable evitar que los responsables sean omisos ante tales obligaciones o actúen de mala fe al presentar documentación o información errónea para obstaculizar la función fiscalizadora a cargo del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México”.
Durante su intervención en tribuna consideró que es necesario precisar dentro de las atribuciones del Órgano Superior de Fiscalización que la negativa a entregar información al Órgano Superior, así como los actos de simulación que se presenten para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora será sancionada conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
Sobre esto la reforma aprobada establece multa de 100 a 150 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, la cual podrá duplicarse o triplicarse en cada ocasión, hasta alcanzar 1,500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.
Cabe mencionar que el decreto establece que los servidores públicos, así como cualquier entidad, persona física o jurídico colectiva, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos, deberán proporcionar la información y documentación que solicite el Órgano Superior para sus auditorías e investigaciones.
En tanto cuando los servidores públicos, y las personas físicas y jurídico colectiva, públicas o privadas aporten información falsa, serán sancionados penalmente conforme a lo previsto por las leyes penales aplicables.
