* Entre los investigados destacan dos ex Subsecretarios, dos ex Directores Generales, dos ex Delegados Administrativos, un ex Coordinador de Delegaciones, dos Delegados Administrativos, un Coordinador de Delegaciones, dos Directores de Área y cinco Subdirectores. Los referidos laboraron en la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Educación, Secretaría de Seguridad y en las actuales Oficialía Mayor y SECTI
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Redacción
Toluca, México. .- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) vinculó a proceso a 26 personas, además de 27 detenidos con orden de aprehensión y prisión preventiva justificada, como parte de una investigación sobre un esquema delictivo de simulación que, desde 2021, operaba asignando plazas a personas que no realizaban las funciones para las que fueron contratadas o que, bajo el esquema conocido como “aviadores”, cobraban sueldos para sí o para otros sin trabajar, causando así un daño al erario del Estado de México. Aún está pendiente la situación jurídica de otro investigado y cinco han promovido juicios de amparo.
El 11 y 26 de febrero, así como el de mayo, el Gobierno del Estado de México, por medio del representante legal de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología (SECTI), denunció posibles delitos vinculados con 459 altas de personal en plazas docentes, luego de descubrir que los “supuestos servidores públicos” no realizaban ninguna función.
Las investigaciones revelaron que en este esquema delictivo habrían participado dos Subsecretarios de la administración estatal 2017-2023, junto con Coordinadores y Delegados Administrativos, Directores de área y Subdirectores, de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Seguridad de ese periodo, así como de la Oficialía Mayor (OM) y la SECTI de la administración actual, entre otros. También se descubrió que varios de los involucrados tenían vínculos familiares o de estrecha confianza, y que, al dejar el cargo, seguían participando en el esquema, mientras que la persona que ocupaba la vacante se integraba a la red.
Al revisar los expedientes del personal mencionado en las denuncias, se detectaron varias irregularidades recurrentes, como la falta evidente de documentos administrativos y/o profesionales necesarios para ser dado de alta como docente. A pesar de estas deficiencias, fueron registrados tanto en el Sistema Integral para la Gestión Administrativa de Personal (SIGAP) de la SECTI como en la plataforma “META 4” para el pago de nómina de la OM, tecnología implementada a finales de 2017, cuando un individuo identificado como Óscar “N” era Director General de Personal de la entonces Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas del Estado de México e incorporó a los ahora investigados Rodolfo Alejandro “N”, Araceli “N”, Yunuen “N”, Erick “N”, David “N”, Eduardo “N”, Diego Emmanuel “N” y Fabiola Lidia “N”, entre otros, en las Secretarías de Seguridad y de Finanzas.
Antes de convertirse en servidores públicos, este grupo de personas ya mantenía una estrecha relación de confianza, e incluso algunos habían participado en el desarrollo de “META 4”. Al incorporarse a la función pública, poco a poco fueron asignados a áreas estratégicas que favorecieron y facilitaron las conductas delictivas investigadas, tanto dentro de la Secretaría de Finanzas como en otras dependencias.
Durante la investigación se descubrió la detención de Juan Alberto “N” el 19 de diciembre de 2021, mientras retiraba dinero de un cajero automático en el centro de Toluca. Al momento de su arresto, portaba 164 tarjetas de débito a nombre de servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad y llevaba consigo 180 mil pesos en efectivo, por lo que fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público.
Para justificar la posesión de las tarjetas de débito y el dinero en efectivo, en sede ministerial, su entonces jefe, Rodolfo Alejandro “N”, explicó que Juan Alberto tenía instrucciones y funciones para apoyar en gestiones bancarias cuando las tarjetas fallaban, y por eso las llevaba consigo. Además, Eduardo “N”, subordinado del acusado, declaró que le había prestado a Juan Alberto el efectivo que tenía al momento de su detención y que incluso le firmó un pagaré. En ese momento también se presentaron ante el Agente del Ministerio Público Yesica “N”, Freddy Raymundo “N” y Felipe “N”, quienes dieron versiones similares para desmentir la acusación.
Este antecedente de investigación permite establecer que, al menos desde esa fecha, se han obtenido sistemáticamente recursos del erario mediante el reclutamiento de personas que son dadas de alta en plazas oficiales de la Secretaría de Educación –ahora SECTI–, la Secretaría de Seguridad y posiblemente otras dependencias como la Secretaría de Salud, aprovechando las características propias de las plazas, entre estas su amplio despliegue territorial.
En relación con los hechos denunciados, desde el 11 de febrero de 2026 y con información proporcionada por el Gobierno del Estado, se identificó la estrecha relación entre la SECTI y la OM en los procesos administrativos de alta de docentes. Así se estableció que funcionarios de ambas dependencias habrían intercambiado claves personales de acceso al SIGAP, lo que permitió que las altas de docentes fueran asignadas de forma fraudulenta a planteles educativos inactivos para evitar ser “descubiertos”.
De las entrevistas, inspecciones, informes policiales y demás técnicas de investigación recabadas, se advierte la existencia de individuos con función de “reclutadores”, los cuales privilegiaban la captación de personas de su confianza –principalmente familiares y amigos–, además de mantener estrecha comunicación y coordinación con servidores públicos de la Dirección General de Personal de la OM.
Una vez realizadas las altas, los “reclutadores” o intermediarios se quedaban con las tarjetas de nómina, y luego varias personas retiraban el dinero depositado en esas cuentas para repartirlo entre los miembros de la red delictiva. A los dueños de las tarjetas solo les daban una cantidad mínima como pago por haber dado sus datos personales y permitir su inclusión en la nómina gubernamental. En algunos casos, por cada 200 mil pesos recibidos como sueldo, los “falsos docentes” obtenían 6 mil, mientras que los funcionarios de mayor rango que manejaban esta operación, tanto de la OM como de la SECTI, se quedaban con la mayor parte del dinero e incluso tenían estrategias para controlar los montos máximos que podían ingresar al banco.
Por lo que respecta al personal operativo con funciones de capturista, tanto de la SECTI como de la OM, relacionados con este esquema delictivo, se advierte que violentaron el Procedimiento 022 del Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo y Administración de Personal, dado que, por razón de su cargo tenían la obligación de conocer, observar y cumplir estrictamente las disposiciones de esta normativa.
Entre las inconsistencias identificadas en las altas se advierte que no se cumplió con la presentación de la propuesta por parte de la Dirección Escolar ante la Supervisión o la Dirección General de Secundarias de la SECTI, además de que, en la mayoría de los casos no existe Formato Único de Movimiento de Personal (FUMP) o los expedientes tienen documentación incompleta o no están debidamente integrados, no obstante, el área de captura realizó el alta en el SIGAP y la Dirección General de Remuneraciones de la OM autorizó las altas sin verificar su procedencia, autorización o registro válido en el sistema de nómina, ni la existencia de los planteles educativos de adscripción, en tanto que la Subdirección de Actualización de Base de Datos, indebidamente confirmó los datos y requisitos inexistentes y generó la autorización del pago de nómina correspondiente.
Es importante señalar que, a pesar de que los capturistas ocupaban los puestos de menor rango dentro del esquema delictivo, se identificó que algunos de ellos realizaron más de 70 movimientos de alta irregulares y recibían un pago de cinco mil pesos por cada uno. Además, se identificaron patrones tendientes a ocultar dicha actividad, tales como realizar las altas durante la madrugada y alternar mes a mes las cuentas de los capturistas desde las cuales se hacía el registro.
Los Directores Generales, Directores de Área, Jefes de Departamento y personal operativo que participaban en este esquema, ya sea que tuvieran acceso o no al SIGAP, realizaban funciones específicas, tales como autorizar las altas y/o licencias, así como tramitar los pagos o la adscripción de los “falsos docentes” para que fueran asignados a planteles con clave de centro de trabajo inactivo, ubicados principalmente en Almoloya de Alquisiras, Amecameca, Ecatepec, Luvianos, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Metepec, Tejupilco, Texcoco, Toluca, Zinacantepec y Zumpango.
En el expediente de investigación obran imágenes de mensajes de texto en las que los “reclutadores” indicaron a los “falsos docentes” que “no se dieran de alta en el ISSEMyM” y en febrero de 2026, posterior a la primera denuncia, les informaron que “debido a una auditoría cancelaran sus cuentas de nómina y en caso de ser requeridos por alguna autoridad negaran haber trabajado para el gobierno”. Uno de los mensajes contenidos en el expediente de investigación refiere:
“Amigos y familia, el día de hoy muy temprano recibí una llamada telefónica de nuestro contacto que nos estuvo ayudando, me dice lo siguiente. Están auditando las cuentas que amablemente la gran mayoría ya cancelaron, el tema con los auditores es que quieren rascarle para inculpar a alguien de los mandos dentro de los cuales está nuestro contacto… si reciben una llamada, o mensaje o en un caso muy extremo recibieran una visita en sus domicilios, nosotros nos libramos negando absolutamente todo… no hemos trabajado en el gobierno… nunca recibimos ningún beneficio del gobierno… jamás hemos tenido cuentas para el trabajo en gobierno. No conocemos a nadie en gobierno…” (sic).
Por lo anterior, se determinó que los presuntos implicados realizaron, de forma sistemática, acciones que les permitieron obtener ilícitamente más de 96 millones de pesos solo entre enero de 2025 y febrero de 2026, recibiendo alrededor de 4 millones de pesos quincenales, más efectivo por prestaciones como aguinaldo, prima vacacional y bonos. Estas cantidades podrían actualizarse retroactivamente hasta 2021, de confirmarse la continuidad de dichas conductas desde esa fecha.
Además de los recursos obtenidos, todos los investigados se beneficiaron a sí mismos, ya que se asignaron una o más plazas de docentes con salarios aproximados a los 50 mil pesos mensuales, las cuales mantenían con licencias irregulares, con el fin de poder ocuparlas con efectos jubilatorios o en caso de perder su cargo de confianza, garantizando con ello ventajas laborales y económicas que no les correspondían de conformidad a la normativa aplicable.
Las conductas antes señaladas encuadran en los delitos de abuso de autoridad y fraude, toda vez que, en grado de probabilidad, en el ejercicio de su función realizaron una serie de actos indebidos al simular la contratación de docentes para prestar el servicio educativo sin que estos lo hicieran, por lo que, con tal maquinación, causaron un detrimento al erario de la Administración Pública y del patrimonio del Gobierno del Estado de México.
De igual forma, el expediente de investigación contiene información en la que se advierte que el entorno socioeconómico de los investigados no corresponde al de los servidores públicos que viven de su salario, toda vez que realizaban viajes suntuosos a destinos turísticos como París, Dubái, Las Vegas, Islas del Caribe, China o Egipto, además de que utilizaban vehículos, prendas y accesorios de alta gama y habitaban inmuebles de alta plusvalía.
Es importante señalar que, hasta este momento, el expediente de investigación consta de 30 tomos con aproximadamente 12 mil fojas que contienen datos de prueba tales como entrevistas, periciales, documentales e inspecciones, entre otros indicios, los cuales fueron sometidos a consideración de la Autoridad Judicial, tanto para obtener las órdenes de aprehensión como para la vinculación a proceso de los probables responsables, por esa razón, el Poder Judicial del Estado de México instrumentó un amplio y extraordinario despliegue de personal jurisdiccional para que atendiera los requerimientos del Agente del Ministerio Público, lo que se tradujo en la obtención de órdenes de aprehensión, solicitudes de audiencia de imputación y técnicas de investigación de cateo para diversos propósitos.
Del 28 de junio al 4 de julio de 2026 y derivado del ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía del Estado de México, la Autoridad Judicial lleva a cabo Audiencias de Vinculación de 28 de los investigados y a 27 de ellos les impuso medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario de “Santiaguito” ubicado en Almoloya de Juárez, por su posible participación en los delitos de fraude y/o abuso de autoridad, ilícitos previstos y sancionados en los artículos 305 y 307 fracción V y 335 fracción I, en relación con el 328 párrafo segundo, 6, 7, 8 fracciones I y III y 11 fracción I inciso c) por el delito de fraude y 11 fracción II inciso b) por el delito de abuso de autoridad, todos del Código Penal del Estado de México.
Es importante señalar que, por la manera en que fueron cometidas las conductas delictivas en que presuntamente incurrieron los investigados, el Agente del Ministerio Público advierte la actualización de un concurso real homogéneo de delitos, en razón de que habrían sido realizados mediante diversos actos independientes, en momentos distintos, pero con identidad en su naturaleza jurídica, por lo que si bien las penas podrían ser de entre 10 y 26 años, estas se acumulan por cada evento delictivo y se sancionaría por cada alta irregular.
De los 33 investigados, seis son ex servidores públicos: Óscar “N” que fungió como Subsecretario de Administración del 16 de abril 2021 al 30 de septiembre de 2023 en la Secretaría de Finanzas, Sergio Andrés “N” que se desempeñó como Subsecretario de Administración y Finanzas del 2019 al 2023 en la Secretaría de Educación, así como Alfredo “N”, Delegado Administrativo del Subsistema de Educación Básica del 1 de marzo de 2024 al 31 de mayo de 2025 en la SECTI; de igual forma son investigados Felipe “N”, Fredy “N” y Yesica “N”, quienes fueron elementos de la Secretaría de Seguridad durante 2021.
También se encuentran nueve servidores públicos de la OM: Juan Alberto “N”, Delegado Administrativo de la Dirección General de Personal desde el 16 de marzo de 2020; Araceli “N”, Directora de Remuneraciones al Personal de la Dirección General de Personal del 16 de junio de 2021 a la fecha; Yunuen “N”, Subdirectora de Actualización de Base de Datos de la Dirección General de Personal del 16 de abril de 2021 a la fecha; Fabiola Lidia “N”, Líder de Proyecto A con funciones de Secretaria Particular de Yunuen “N”; Christopher “N”, Subdirector de Desarrollo Técnico de la Dirección General de Personal del 16 de octubre de 2024 a la fecha; Diego Emmanuel “N”, Jefe de Departamento de Base de Datos de Nómina de la Dirección General de Personal del 16 de junio de 2022 a la fecha; David “N”, Director de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Dirección General de Personal del 16 de junio de 2024 a la fecha; Daniel “N”, Secretario Particular del Director General de Personal del 1 de mayo de 2021 a la fecha; Jair “N”, Analista Especializado de 2022 a la fecha y persona de confianza de Yunuen “N”.
De igual forma en contra, hay 11 servidores públicos detenidos adscritos a la SECTI: Daniel Arturo “N”, Delegado Administrativo de la Subsecretaría de Educación Básica del 1 de junio de 2025 a la fecha; Alejandra “N”, Ángel Fernando “N”, Anel “N”, Yuritzi Lucero “N”, Norma del Carmen “N”, Ericka “N”, Orlando “N”, Jorge Emanuel “N”, Óscar “N” “N” así como Alan Israel “N” todos con funciones de capturistas.
Una servidora pública de la Secretaría del Bienestar, identificada como Diana Paola “N”, actualmente Analista B con funciones de Asistente del Coordinador Administrativo de esa dependencia y quien entre 2021 y 2023 ocupó el cargo de Jefa de Proyecto con funciones de Secretaria Particular de Óscar “N”, entonces Subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas.
Asimismo, esta Fiscalía ejercitó acción penal en contra de “falsos docentes” identificados con funciones de “reclutadores”, entre estos la detenida Sabina “N”, quien contó con una plaza de docente del 2 de enero de 2025 al 15 de febrero de 2026.
Por otra parte, cinco de los investigados –aún no vinculados a proceso–, identificados como Jaime Noé “N”, Director General de Personal de la Subsecretaría de Administración del 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2025 en la Secretaría de Finanzas; Eduardo “N”, Subdirector de Control de Pagos de la Dirección General de Personal en la OM; Erick Jonathan “N”, Subdirector de Soporte de Nómina de la Dirección General de Personal de la OM; así como José Ernesto “N”, elemento de la Secretaría de Seguridad en el 2021; Areli “N” Subdirectora de Control de Calidad de Procesos de la OM, presentaron juicio de amparo indirecto contra la orden de aprehensión que existe en su contra.
Cabe destacar que en el esquema delictivo también se encuentra relacionado un individuo identificado como José Daniel “N”, quien se desempeñaba como servidor público adscrito a la SECTI con funciones de Enlace con la Dirección de Remuneraciones al Personal de la OM, persona que fue hallada sin vida al interior de su domicilio el pasado 2 de abril y cuyas circunstancias de su muerte continúan en investigación bajo el protocolo de homicidio.
